* Corrupción judicial detrás del alboroto verde-caqui de Retiro *
Una red de corrupción obtenía amparos de a miles en juzgados amigos. Así, las autoridades políticas perdieron el control de la política salarial. Una jueza de Corrientes ya fue destituida por ello y avanzan las investigaciones en todo el país, sobre otros magistrados, abogados y altos jefes contables y jurídicos de las propias fuerzas. Con la algarada de Retiro, se instrumentó a las jerarquías inferiores en defensa de esta situación escandalosa.
por HORACIO VERBITSKY
El decreto del Poder Ejecutivo que ordenó modificar la escala salarial de las fuerzas de seguridad tomando en cuenta un fallo de la Corte Suprema de Justicia afecta un fabuloso negocio del que participan miembros de los servicios jurídicos y/o contables de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, abogados próximos a ellos y jueces corruptos. Uno de esos jueces es oficial retirado de la Gendarmería y otra ya fue destituida en juicio político. Esto permitió que el 79% de los más de 30.000 agentes en actividad de la Gendarmería y el 60% de los 16.500 de la Prefectura, cobraran sus haberes según resoluciones judiciales, porcentaje que llega al 100% en las cúpulas. Lo mismo ocurre con la mitad de los retirados y pensionados de ambas fuerzas.
De acuerdo con un informe realizado en julio por la Unidad de Auditoría Interna del ministerio de Seguridad (es decir mucho antes del acampe), debido a estos amparos judiciales “la autoridad política ha perdido absolutamente el control sobre la política salarial”.
El intento de retomar ese control, mejorar los salarios más bajos y contener los más altos, provocó una insidiosa respuesta por parte de quienes gozaban de los beneficios de la situación anterior.
Aunque el decreto 1307, firmado el 31 de julio, disponía en su artículo 6 que ningún miembro de ambas fuerzas percibiría menos que el mes anterior, la liquidación de los sueldos realizada por Prefectura y Gendarmería redundó en fuertes reducciones salariales en los niveles más bajos del escalafón, que desataron el conflicto.
Una vez practicada la liquidación y desoyendo la orden de la ministra Nilda Garré y del Secretario de Seguridad Sergio Berni de detenerla antes de que se depositaran los fondos en las cuentas individuales, los jefes de Prefectura responsables se alejaron de sus puestos, algunos de vacaciones y otro en una inverosímil gira de inspección contable, de modo de estar bien lejos de las esquirlas en el momento del estallido. Por eso, es tan cierto que los gendarmes y prefectos que acamparon frente a las sedes de sus fuerzas sólo reclamaban por sus salarios, como que el desbarajuste fue inducido con deliberación, en defensa de los ingresos siderales de las respectivas cúpulas y, una vez producido, lo aprovecharon los distintos sectores interesados en deslegitimar, carcomer y destituir al gobierno de CFK, justamente aquel que está blanqueando las distorsiones salariales iniciadas durante la gestión de Carlos Menem y Domingo Cavallo y continuadas por todos los gobiernos anteriores al actual.
Esta es la historia de cómo...
se incubó la crisis y se preparó el estallido y de todas aquellas contradicciones que dificultan la comprensión del episodio.
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| Una política salarial dictada por la Justicia. |
MINGO Y MINGA
En 1993, como parte del proceso de ajuste de gastos estatales, el gobierno comenzó a pagar los incrementos salariales al personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad mediante suplementos y compensaciones no remunerativas, de modo de que no fueran percibidos también por los retirados, cuya capacidad de presión era reducida. Esto invirtió la relación histórica entre los componentes remunerativos y no remunerativos de los haberes. Estos suplementos, cuya modalidad desfinancia los sistemas de previsión y de Obras Sociales llegaron a constituir el 65 por ciento de los ingresos del personal en actividad, al mismo tiempo que se desfasaban de los haberes de retirados y pensionados. Este fue el sustento objetivo de la creciente litigiosidad, para que los suplementos se incorporaran al haber remunerativo. Sobre esta base se montaron los negocios ilegales.
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| Una pirámide salarial deforme, donde la cúpula puede ganar 25 veces más que la base. |
El cuadro 1 muestra el altísimo porcentaje de gendarmes que cobran sus haberes por medidas judiciales, sobre todo en los niveles jerárquicos más altos, y el cuadro 2 exhibe la gran dispersión salarial producida por la intervención judicial. Ambos cuadros se refieren a la Gendarmería, pero el panorama es similar en la Prefectura. La Asociación de Magistrados declaró en su descargo que los jueces resuelven los conflictos individuales, según una antigua jurisprudencia del derecho del trabajo, “declaran que el pago de los adicionales no remunerativos son ilegales, establecen la doctrina para los futuros fallos, pero nunca fijan una política salarial de carácter general, ya que se trata de una atribución que corresponde a los poderes políticos del Estado Nacional”. Cierto, pero en muchos casos se llegó a este resultado por caminos turbios y su efecto fue una gran dispersión salarial, sobre todo entre quienes cuentan o no con alguna medida judicial que determine su remuneración, y en muchos casos difiere el tratamiento de casos similares, según los distintos criterios de los jueces intervinientes. Esto rompió las relaciones entre niveles jerárquicos y amplió las desviaciones entre integrantes de un mismo grado. También se llegó a una desproporción flagrante entre el haber básico y algunos suplementos (como la compensanción por vivienda, que puede representar hasta el 232 por ciento del sueldo). La connivencia entre estudios jurídicos, jueces y funcionarios de las fuerzas de seguridad condujo a irregularidades e incumplimientos de distintos pasos procesales e incluso de disposiciones judiciales. Esto elevó en forma significativa los honorarios, costas, tasas de justicia e intereses y el costo del servicio de Justicia para la tramitación de miles de casos y redundó en un fuerte incremento de los gastos en personal para satisfacer medidas judiciales que deformaron la pirámide remunerativa en contra de los niveles inferiores.
DASQUETES
Al detectar esta situación, la ministra ordenó que la Auditoría Interna revisara el comportamiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Gendarmería, que demoraba el cumplimiento de aquelas órdenes judiciales que disponían cesar el pago de grandes sumas por medidas cautelares. El estudio concluyó el viernes con la intervención ministerial a esa Dirección.
En la primera reunión con los auditores, las autoridades de asuntos jurídicos explicaron esas demoras por un presunto exceso de trabajo, porque además tenían que defender personal acusado en causas por apremios ilegales o torturas a detenidos, “gracias a Dios, con ninguna condena”.
Uno de los funcionarios que recibieron a los auditores fue el sonriente comandante Manuel Barros, quien entre 2006 y 2010 se desempeñó en la Dirección de Asuntos Jurídicos, después pasó al Operativo Centinela y en julio de 2011 al Operativo Cinturón Sur. Abogado recibido en la Universidad Católica Argentina, también integra el estudio jurídico Dasque, Tes y Asociados. El curioso logotipo de esa empresa dice, con viriles mayúsculas ESTUDIO DASQUETES, denominación que surge de los apellidos de los abogados Fernando Dasque (especialista en derecho civil, aeronáutico y empresarial) y Fernando Tes. Dasque es comandante mayor retirado y autor de un estudio sobre El régimen de Contrataciones en Gendarmería Nacional. Igual que Barros, formó parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Gendarmería.
Otro de los socios del estudio es el Comandante Mayor Estanis Drebnieks (que no es abogado sino licenciado en administración de empresas). Se graduó en la Universidad Católica de Salta, cuya denominada Subsede Buenos Aires es controlada por la Gendarmería desde su creación en septiembre de 1989 y se maneja en forma autónoma del Arzobispado del que depende. Las carreras y cursos que ofrece incluyen abogacía, administración de empresas y de consorcios, informática, comercialización, cortesía verbal, oratoria moderna y esteticista (sic). Drebnieks cumple funciones en el Servicio Administrativo Financiero de Gendarmería y había sido propuesto para dirigirlo. Ante la Dirección General de Transparencia del Ministerio de Seguridad, Drebnieks negó ser socio del estudio DASQUETES y dijo que hace tres años pensó en pedir el retiro si no le concedían un ascenso y entregó un currículo a su amigo Dasque, pero que no llegó a incorporarse al estudio, que sin embargo lo anuncia en su publicidad como miembro de su staff.
El Comandante Mayor Drebnieks es uno de los beneficiarios de una medida cautelar en el expediente “Tosoroni, Mario y otros con Estado Nacional”, concedida por el juez de Paraná, Entre Ríos, Daniel Edgardo Alonso, hoy ascendido a camarista. El magistrado es otro camarada de Barros, Estanis y Desque: ingresó en 1985 como primer alférez de Justicia y llegó hasta oficial auditor de la Agrupación VI, Formosa, de Gendarmería, donde permaneció hasta 1999. El juez federal subrogante Gustavo Zonis dispuso la caducidad de la instancia en septiembre de 2009 y ordenó dar por decaída la medida cautelar en Tosoroni y otros. Sin embargo, la Gendarmería continuó realizando los pagos indebidos. Recién el 25 de abril de este año, el Comandante Mayor Drebnieks hizo la consulta a Jurídicos pero hasta el día de hoy sigue cobrando 53.000 pesos por mes que no corresponden. La Unidad de Coordinación de Políticas de Transparencia del Ministerio de Seguridad solicitó a Gendarmería copia del expediente Aj2-401 732, pero no obtuvo respuesta. En la Prefectura cobra sus haberes con una medida cautelar el Asesor Jurídico de esa fuerza, prefecto mayor Domingo Nicolás Rotondaro. El amparo fue presentado en el juzgado federal de Río Gallegos, Santa Cruz, pese a que Rotondaro tiene domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez concedida la medida por el tribunal, la Asesoría Jurídica de la Prefectura instruyó a la delegada del cuerpo de abogados del Estado en la provincia, que no apelara la decisión a favor de su titular. Experto en la materia, Rotondaro es coautor del libro Medidas cautelares y bloqueo registral.
LOS 7000
La tramitación de amparos para obtener pagos extraordinarios de las fuerzas de seguridad derivó en mayo de este año en la destitución de la jueza provincial de Santo Tomé, Corrientes, Graciela Beatriz Duarte, por unanimidad de los siete miembros del jury. Al acusarla, el Fiscal General de Justicia de Corrientes, César Sotelo, dijo que “vamos a encontrarnos con los hechos más inverosímiles vividos hasta ahora en la Justicia de Corrientes”: un centenar de demandas contra el Estado Nacional (para lo que la justicia provincial no tiene jurisdicción), “y en cada una de ellas una pluralidad de actores increíble, de diversos lugares del país. El país entero se hizo cita en Santo Tomé y no por el Festival del Chamamé sino por el Juzgado Civil y Comercial”. Calculó que esos amparos habían beneficiado a no menos de 7000 personas, en demandas colectivas que incluían entre 30 y 70 actores cada una, con domicilio en distintas partes del país. Duarte los concedía de inmediato, para lo cual declaraba inconstitucional un artículo de la ley provincial de amparo, lo notificaba a Prefectura y Gendarmería y luego se declaraba incompetente. Las dependencias estatales debían pagar lo solicitado, hasta que no llegara una orden en contrario. Pero esa orden nunca llegaba, porque una vez ordenado el pago, la jueza dejaba dormir los expedientes en su juzgado.
El personal que trabajaba con ella describió con asombro ese boom de los amparos, a los que la jueza prestaba una atención especial. Aunque todas las demandas eran por “reajuste salarial”, Duarte les imprimía el trámite sumarísimo, que no está previsto para asuntos patrimoniales, sino sólo en casos urgentes que provoquen un perjuicio irreparable y en consecuencia exigen una respuesta inmediata excepcional. Secretarios y otros empleados del tribunal declararon que la jueza guardaba esas causas en su propio despacho, les otorgaba prioridad de ingreso y las tramitaba por un canal distinto de ingreso y registración dentro del tribunal. “Conseguido el propósito de la acción, se desentendía de dichos expedientes, tal como se demostró con la no remisión a su debido tiempo, es decir inmediatamente después de declararse incompetente, a los Juzgados Federales”, se lee en la sentencia de destitución. Una inspección ordenada por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes en diciembre de 2009 encontró gran cantidad de cajas de embalaje que contenían “múltiples causas de amparos, que aún no habían sido remitidas al Juzgado Federal de Paso de los Libres o al de Corrientes, Capital”.
También se demostró que la jueza tenía conversaciones privadas frecuentes con los abogados que presentaban esos amparos, el matrimonio Amílcar Nelson Serial y Josefa Raquel Milán. La investigación determinó que cuando ellos intervenían, la medida cautelar se concedía en un lapso brevísimo y no se les exigían los trámites y recaudos previos a los que estaban sometidos los litigantes minoristas. Según el fiscal Sotelo, Serial y Milán obtuvieron ganancias por unos veinte millones de dólares, en complicidad con la jueza, “estafando escandalosamente al Estado Nacional”.
De acuerdo con datos de la Dirección de Transparencia, otro juez de Santo Tomé, Humberto de Biase Echeverría, dictó un amparo similar a favor del padre de la ex jueza Duarte, quien solicitó “un recálculo de su haber como jubilado de la Prefectura”. En realidad, De Biase Echeverría fue el juez pionero en el circuito amparo-incompetencia-y-al-cajón que Duarte hizo propio. En febrero, el Superior Tribunal de Justicia sancionó a De Biase Echeverría con una multa de 30.000 pesos y le ordenó que se abstuviera de emitir resoluciones que involucraran a entes u organismos nacionales. También en los miles de casos de este juzgado intervino el estudio Serial&Milan. Se calcula que el perjuicio de estas maniobras para el Estado en los dos tribunales oscilaría entre 80 y 200 millones de pesos. Según el titular del Ministerio Público de Corrientes, entre el 9 y el 10 de febrero de este año, Serial obtuvo 43 medidas cautelares a favor de 11.000 miembros de la Gendarmería, en un Juzgado de El Colorado, en la provincia de Formosa, que ordenó “liquidar diferencias salariales de acuerdo a la petición de los actores”. Esta es la mayor concentración de cautelares de todo el país y abarca a casi la mitad de los efectivos de la fuerza. 11.000 amparos concedidos en 2 días por un juez subrogante en una ciudad de 13.000 habitantes constituye un indiscutible record.
Un caso similar culminó con la renuncia, hace un año, del juez en lo civil y comercial de Sáenz Peña, Chaco, Luis Alberto Pintos, cuando el Consejo de la Magistratura analizaba iniciarle un jury de enjuiciamiento por haber concedido más de 7000 medidas cautelares contra el Ejército y la Gendarmería. La Procuración del Tesoro de la Nación, que analizó los casos de Santo Tomé, el Colorado y Sáenz Peña no descarta que la misma mecánica se haya utilizado en otros lugares del país y que además se hayan cometido otros delitos, como asociación ilícita y tráfico de influencias. El caso del prefecturiano Rotondaro en Río Gallegos parece confirmarlo.
TOCO Y ME VOY
Luego del fallo Zanotti, que la Corte Suprema de Justicia dictó en abril de este año, los ministerios de Defensa y de Seguridad y las oficinas contables de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad realizaron ejercicios de simulación sobre distintas hipótesis, cuya conclusión fue la firma de dos decretos presidenciales con criterios para fijar escalas de haberes que blanquearan la situación anterior y que no implicaran reducciones en los ingresos de bolsillo de los grados inferiores.
El martes 25 de setiembre, el Prefecto General Carlos Horacio Farrell, a cargo del Servicio Administrativo Financiero de Prefectura, comunicó al ministerio que se contaban con los dedos de una mano los casos en los que el reordenamiento implicaría una reducción del ingreso de bolsillo.
Pero el jueves 27, cuando las autoridades civiles pidieron ver los datos en detalle, a esa mano le habían crecido ocho mil dedos, mientras otros once mil agentes tendrían aumentos. La ministra Garré y el secretario Berni ordenaron parar la liquidación, a lo que el Prefecto Nacional Naval Oscar Adolfo Alvarez se comprometió el lunes 1. Pero Farrell, el Prefecto Mayor Daniel María Giusto y el Prefecto Principal Alonso, a cargo de la liquidación, depositaron el dinero en el Banco Patagonia junto con la discriminación en soporte magnético de lo que correspondía a cada cuenta individual y partieron de la ciudad. Farrell para recorrer “los asentamientos de la Patagonia en una visita de inspección contable y financiera” (sic); sus dos colaboradores, de licencia.
El martes 2 comenzó la toma del edificio Guardacostas y más tarde del Centinela, sede de la Gendarmería. Esa misma mañana, el jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina informó en conferencia de prensa que se depositaría la diferencia para que nadie percibiera menos que el mes anterior. Lejos de levantar el acampe, los prefectos escalaron el reclamo hasta exigir un mínimo inicial de bolsillo de $7000 mensuales, que el Estado no puede admitir sin provocar un reclamo en cadena que conmocione al resto de la administración pública. Este parece ser el objetivo subsistente de la protesta, una vez que el gobierno (al que tanto se reprocha la carencia de diálogo y autocrítica) revocó su medida y anunció que pagaría compensaciones a todos los sueldos menores a 12.500 pesos.
PIENSA, QUE CÓRDOBA PAGA
La visita a Córdoba del meditabundo gurú Sri Sri Ravi Shankar fue financiada con un subsidio no reintegrable de $200.000 otorgado por el gobernador cordobés José Manuel De la Sota, a solicitud de la Universidad Empresarial Siglo 21, la más cara de la provincia. Su fundador, rector y presidente del Consejo de Administración es Juan Carlos Rabbat, quien fuera subsecretario de Coordinación de la Jefatura de Gabinete de Fernando de la Rúa hasta septiembre de 2000. Luego se alineó con el fugaz ministro de Economía y de Defensa, Ricardo López Murphy. La esposa de Rabbat, Cristina Schwander, quien realizó el pedido del subsidio, se desempeña como secretaria general de Relaciones Institucionales y Extensión. Hasta el año pasado, su vicerrector fue Gustavo Parino, ex interventor de la Aduana, amigo personal y compañero de jogging de Cavallo. Otro directivo de la Universidad fue el ex ministro de Educación provincial en la anterior gestión de De la Sota, Eduardo Mundet. El santón fue designado Doctor Honoris Causa en una ceremonia realizada el miércoles 5 de septiembre en el campus de la universidad. Una intensa lluvia humedeció su “meditación guiada”. La AFIP pidió a la justicia Penal Tributaria que investigue el origen de unos 20 millones de pesos que “El arte de vivir” manejó en la Argentina. El uno por ciento fue donado graciosamente por De la Sota, quien lo recibió durante media hora y lo distinguió como visitante ilustre de la provincia. La radio Mitre, el diario La Voz del Interior y el Canal 12 de televisión, todos del Grupo Clarín, auspiciaron el acontecimiento, pero ninguno publicó la apetecida foto del encuentro entre la retinta cabellera del hiperventilador indio y el albo decorado capilar del creador.
(*) Fuente: |
| "Ayuda directa a la comunidad": 200.000 pesos para Sri Sri entregados por De la Sota |
Página/12, 2012-X-7
